El allanamiento a las dependencias de la empresa Tracto América, músculo financiero del Club Deportivo Lara, sembró la inestabilidad en el campeón del Apertura y puntero del torneo en curso. De golpe y porrazo todo lo que brilla se llena de tinieblas y el campeonato sufre con un proyecto que corre el peligro de extinguirse como tantos otros en el pasado. La inestabilidad de los equipos venezolanos y la falta de control acerca del origen de sus finanzas –sean estas de carácter público o privado– maltrata al producto y lo hace poco fiable.
A los dueños del Lara se les acusa de ilícito cambiario y otros delitos que forzaron la intervención de las autoridades. Esa es la versión oficial. La contraparte alega (off the record) que la medida es una retaliación del Gobierno por negarse a vender un porcentaje que supera la mitad de su paquete accionarial.
El tema es delicado y mucho más complejo de lo que una mirada superficial puede acabar concluyendo. Hay un aspecto puntual que atañe directamente a la empresa y que puede servir para un análisis de la situación país; y otro, menos trascendente para la nación pero de mayor peso deportivo, vinculado a la pulcritud de la competencia. La Federación debe garantizar que el certamen no esté viciado y el episodio en cuestión enturbia la imagen del mismo.
Que haya conflictos de intereses atenta contra la credibilidad del torneo. El solo hecho de que fondos pertenecientes a la ciudadanía aparezcan como principal fuente de sustento de varios clubes de primera y segunda división (bien sea por la vía del patrocinio de gobernaciones, alcaldías y corporaciones estatales, o a través de la participación directa en la adquisición de acciones) representa un factor que induce a la suspicacia.
Revisemos la tabla clasificatoria del Clausura y observemos cómo en los cuatro primeros lugares figuran dos conjuntos de capital privado (Lara y Caracas) y otros dos sostenidos por dineros de procedencia pública (Mineros y Anzoátegui), que además tienen filiación directa con el Gobierno central. ¿Cómo no pensar que la intervención del sostén económico de uno de ellos beneficie directamente a los otros? Aunque en el fondo no haya maniobras de este tenor comprobadas en la trastienda del incidente, es perfectamente legítimo plantear la duda. Porque, guste o disguste, existen vínculos cercanos entre aquellos que dictaron la acción y los jerarcas de algunos de los que compiten con la parte más afectada.
A partir de aquí el análisis de la cuestión conduce a un planteamiento al que se puede llegar también por otros caminos: hay una necesidad imperiosa de redefinir el modelo y crear una estructura sólida y confiable que estimule el crecimiento, fortalezca el producto y lo llene de credibilidad. Los equipos deben ser socios en esta empresa y el colectivo velar porque sus pares garanticen sostenibilidad en el largo plazo, amén de transparencia en sus cuentas.
La FVF, como ente organizador, debe ser el principal garante de estas condiciones. Ante hechos como los acontecidos no puede lavarse las manos. Aunque de forma indirecta, también es responsable de la salud de los clubes y, como fiscalizador de aquellos a los que permite formar parte de su entramado, está en la obligación de garantizarle al resto –y a la opinión pública– una competición libre de sospechas.
Lo que le ocurre al Lara afecta a todos. En el actual estado de cosas, aquellos que hoy son juez y parte pueden ser, a futuro, quienes vean sus bardas arder.
Columna publicada en el diario El Nacional (16/04/2012)
